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¿Qué información se incluye en los antecedentes judiciales mexicanos?
Los antecedentes judiciales mexicanos suelen incluir detalles sobre los delitos cometidos, las sentencias impuestas, las fechas de los eventos legales y la jurisdicción en la que ocurrieron. También puede incluir información sobre el estado actual de los procesos legales pendientes.
¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones a contratistas en el sector de la salud en México?
En el sector de la salud en México, se toman medidas como la regulación de dispositivos médicos, la capacitación en prácticas éticas y la revisión rigurosa de contratos para prevenir sanciones y garantizar la calidad de la atención médica.
¿Cuál es la relación entre la corrupción y las sanciones a contratistas en México?
La corrupción es una de las principales razones por las que se imponen sanciones a contratistas en México. Las prácticas corruptas, como el soborno y el nepotismo, a menudo resultan en sanciones graves.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes no penales en México?
Los antecedentes penales en México se refieren a los registros de condenas y procesos judiciales relacionados con delitos o infracciones penales. Por otro lado, los antecedentes no penales son aquellos que no involucran condenas o procesos judiciales relacionados con delitos. Los certificados de antecedentes no penales certifican la ausencia de condenas penales, mientras que los antecedentes penales confirman la existencia de tales condenas.
¿Qué es la figura del fiador en un embargo en México?
Un fiador en un embargo en México es una persona o entidad que ha proporcionado una garantía para asegurar una deuda en nombre del deudor. Si el deudor no cumple con la deuda, el fiador se hace responsable de pagarla. El fiador puede ser requerido en situaciones de préstamos y otros acuerdos financieros.
¿Cuál es el proceso de recuperación de activos relacionados con casos de lavado en México y cómo se destinan estos recursos recuperados?
El proceso de recuperación de activos implica la confiscación de bienes relacionados con el lavado. Los recursos recuperados se destinan a programas de prevención del delito y al fortalecimiento de la lucha contra el lavado y otros delitos financieros.
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