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¿Qué diferencia hay entre la CURP y el RFC?
La CURP es un código de identificación personal que se utiliza para identificar a los ciudadanos mexicanos, mientras que el RFC es un número de identificación fiscal utilizado para propósitos tributarios. Ambos pueden tener formatos similares, pero tienen diferentes propósitos.
¿Cómo se gestionan los riesgos de incumplimiento relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en empresas mexicanas?
La gestión de riesgos de incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo implica la identificación de peligros, la implementación de programas de prevención, la capacitación del personal y la evaluación continua del cumplimiento con regulaciones como la Ley Federal del Trabajo y la NOM-035-STPS.
¿Puede el arrendador imponer restricciones en el número de ocupantes en la propiedad en México?
El arrendador puede imponer restricciones en el número de ocupantes en la propiedad, siempre y cuando estas restricciones estén claramente especificadas en el contrato. Sin embargo, las restricciones deben cumplir con las leyes locales y ser razonables.
¿Qué derechos y protecciones tienen los arrendatarios de viviendas en México?
Los arrendatarios de viviendas en México tienen derechos que incluyen la habitabilidad de la propiedad, la privacidad, la seguridad y la no discriminación. Las leyes locales y federales protegen estos derechos.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la corrupción en el sector público en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención de la corrupción en el sector público en México al ayudar a identificar transacciones sospechosas y actividades financieras que podrían estar relacionadas con corrupción. Esto contribuye a la transparencia y la integridad en el gobierno.
¿Qué agencias o autoridades pueden ordenar embargos en México?
En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.
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