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¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?
La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en la banca digital y las fintech?
México está regulando de manera más estricta a las instituciones de banca digital y fintech para asegurarse de que cumplan con los mismos estándares de prevención de lavado de activos que las instituciones financieras tradicionales. Se requiere la identificación de usuarios y el reporte de actividades sospechosas.
¿Qué es el Registro de Contribuyentes Incumplidos (RCI) en México y su impacto en los antecedentes fiscales?
El Registro de Contribuyentes Incumplidos (RCI) es un registro público que incluye a contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Estar incluido en el RCI puede afectar negativamente los antecedentes fiscales y limitar la participación en ciertas actividades económicas y comerciales.
¿Cuáles son las leyes penales más relevantes en México?
En México, algunas de las leyes penales más relevantes son el Código Penal Federal, el Código Penal de cada estado, y la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre otras. Estas leyes establecen las normas y sanciones para diversos delitos.
¿Cómo se regula el uso de dinero electrónico en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.
¿Cómo se garantiza la transparencia en la revisión de expedientes judiciales por parte de la sociedad civil en México?
La transparencia en la revisión de expedientes judiciales por parte de la sociedad civil en México se promueve a través de la participación en audiencias públicas, la solicitud de acceso a expedientes, y la observación de casos de interés público. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden presentar informes y análisis sobre el sistema de justicia. La legislación de acceso a la información respalda esta participación activa.
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