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¿Cuál es el papel de PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) en contratos de venta en México?
PROFECO protege los derechos de los consumidores en México y puede intervenir en disputas relacionadas con contratos de venta, mediando y buscando soluciones.
¿Qué responsabilidades tienen las empresas en México en cuanto a la retención de registros relacionados con la verificación de listas de riesgos?
Las empresas en México tienen la responsabilidad de retener registros relacionados con la verificación de listas de riesgos durante un período de tiempo específico, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esto incluye documentos de identificación, informes de transacciones y cualquier información relacionada con la debida diligencia. La retención adecuada de registros es esencial para demostrar el cumplimiento de las regulaciones.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector de consumo en México?
La Profeco es responsable de proteger los derechos de los consumidores en México, y juega un papel clave en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector de consumo, incluyendo la aplicación de sanciones por prácticas comerciales desleales o incumplimiento de garantías.
¿Cómo se abordan los delitos ambientales en México?
Los delitos ambientales se abordan a través de regulaciones ambientales, agencias de protección del medio ambiente y sanciones por daños al entorno natural.
¿Qué es la Ley de Vivienda en México y cómo afecta a los contratos de arrendamiento?
La Ley de Vivienda en México establece regulaciones para la vivienda y el arrendamiento. Contiene disposiciones sobre habitabilidad, protección a los derechos de los arrendatarios y condiciones mínimas de seguridad en las propiedades alquiladas.
¿Cuál es el procedimiento de desahucio en México en caso de incumplimiento grave del arrendatario?
En caso de incumplimiento grave, el arrendador debe iniciar un proceso de desahucio mediante una notificación legal y un proceso judicial. El tribunal puede ordenar la desocupación y el pago de rentas atrasadas.
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