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¿Cuál es la diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones judiciales para contratistas en México?
Las sanciones administrativas son impuestas por autoridades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, y pueden incluir multas y deshabilitación. Las sanciones judiciales son resultado de procesos legales y pueden llevar a penas de prisión.
¿Cómo se verifica la idoneidad de los candidatos en el ámbito de la educación en México?
En el ámbito de la educación en México, la verificación de personal se enfoca en la revisión de antecedentes penales, credenciales educativas, experiencia docente y referencias académicas. Garantizar que los profesionales de la educación sean competentes y confiables es esencial para la calidad de la enseñanza y la seguridad de los estudiantes.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control y restricciones en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control y restricciones en México debe cumplir con regulaciones de seguridad, medio ambiente y salud pública, según la naturaleza de los productos.
¿Cuál es el plazo para la prescripción de acciones en un contrato de venta en México?
El plazo de prescripción en un contrato de venta en México suele ser de 10 años a partir de la fecha en que se pudo ejercer la acción. Sin embargo, este plazo puede variar según el tipo de contrato.
¿Cuál es el proceso de revisión de proveedores y contratistas en México en relación con la verificación de listas de riesgos?
El proceso de revisión de proveedores y contratistas en México en relación con la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la información de identificación y antecedentes de estas partes antes de celebrar contratos o acuerdos comerciales. Esto garantiza que las empresas no estén involucradas con proveedores o contratistas que figuren en listas de sancionados o tengan conexiones con actividades ilícitas.
¿Cuál es el enfoque de derechos humanos en la justicia penal en México?
El enfoque de derechos humanos en la justicia penal se centra en garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el sistema de justicia, incluyendo acusados, víctimas y testigos.
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