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¿Cómo se realiza la verificación de antecedentes en México?
En México, la verificación de antecedentes se lleva a cabo a través de diversas instituciones, como la Secretaría de Seguridad Pública, que emite certificados de antecedentes no penales. Las empresas pueden solicitar información a través de esta entidad para verificar los antecedentes penales de un candidato. Además, las empresas pueden contactar a referencias laborales y personales para verificar la experiencia y la conducta del candidato.
¿Cuál es la diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones judiciales para contratistas en México?
Las sanciones administrativas son impuestas por autoridades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, y pueden incluir multas y deshabilitación. Las sanciones judiciales son resultado de procesos legales y pueden llevar a penas de prisión.
¿Pueden las partes incluir cláusulas de mediación o arbitraje en un contrato de venta en México?
Sí, las partes pueden incluir cláusulas de mediación o arbitraje en un contrato de venta en México para resolver disputas de manera alternativa en lugar de recurrir a litigios judiciales.
¿Cuál es el enfoque de género en la lucha contra la violencia de género en México?
El enfoque de género se refiere a la consideración de las desigualdades de género en la prevención y sanción de la violencia de género. Se promueve para abordar este tipo de violencia de manera efectiva y garantizar la protección de las víctimas.
¿Puede el arrendatario hacer cambios o mejoras en la propiedad en México?
El arrendatario puede hacer cambios o mejoras en la propiedad con el consentimiento del arrendador, a menos que el contrato estipule lo contrario. En caso de realizar mejoras, generalmente debe restaurar la propiedad a su estado original al final del contrato, a menos que se acuerde lo contrario.
¿Cómo se abordan los temas de cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero en México?
En México, el cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la identificación de los beneficiarios finales de la empresa, la revisión de políticas y procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y la evaluación de transacciones sospechosas o inusuales. También se deben revisar las sanciones vigentes y las listas de personas y entidades sancionadas.
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