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¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones de las PEP en México?
Las sanciones pueden incluir multas significativas y sanciones legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las PEP.
¿Cuál es el papel de las auditorías de terceros en el cumplimiento normativo en México y cómo se llevan a cabo?
Las auditorías de terceros son una forma de evaluar el cumplimiento de una empresa por parte de un auditor externo independiente. Estas auditorías pueden ayudar a identificar áreas de mejora y garantizar que se cumplan las regulaciones.
¿Cuál es la relación entre los impuestos estatales y municipales y los antecedentes fiscales en México?
Los impuestos estatales y municipales en México son administrados por gobiernos locales y pueden variar según la ubicación. Cumplir con estos impuestos es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que las autoridades estatales y municipales pueden imponer sanciones por incumplimiento.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en materia de cumplimiento en las fusiones y adquisiciones en México?
La debida diligencia en cumplimiento es crucial en fusiones y adquisiciones para evaluar los riesgos legales y de cumplimiento de la empresa objetivo. Esto permite a los compradores tomar decisiones informadas y abordar cualquier incumplimiento potencial antes de la transacción.
¿Qué medidas se han tomado en México para fortalecer la supervisión del AML en el sector financiero?
México ha implementado medidas como la revisión de políticas internas de AML, la capacitación de empleados, la identificación de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML en las instituciones financieras.
¿Cómo se promueve la adhesión a estándares de sostenibilidad en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La adhesión a estándares de sostenibilidad en la contratación pública se promueve en México mediante la inclusión de criterios de sostenibilidad y protección ambiental en los contratos gubernamentales, así como la promoción de prácticas comerciales sostenibles.
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