URIEL FERNANDO ANAYA HERNANDEZ (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Uriel Fernando Anaya Hernandez y puesto Manejador Alimentos 80.

Institución INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Puesto MANEJADOR ALIMENTOS 80
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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Sí, en ciertas circunstancias, un tercero puede solicitar el acceso a expedientes judiciales en México. Sin embargo, generalmente se requiere una razón válida y la aprobación de un tribunal para obtener este acceso.

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Las partes involucradas en casos de pensión alimenticia en México que no pueden costear abogados tienen opciones disponibles. Pueden buscar asistencia legal gratuita o de bajo costo a través de servicios de asesoramiento legal proporcionados por instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y clínicas legales. Estos servicios pueden ayudar a las partes a presentar una demanda de cumplimiento y buscar justicia, incluso si no tienen recursos financieros para costear un abogado privado. También pueden consultar con el Ministerio Público, que puede representar a los beneficiarios en asuntos de pensión alimenticia. Además, algunos tribunales pueden proporcionar recursos y asistencia a las partes que no pueden costear abogados para garantizar que se cumpla la orden de alimentos.

¿Qué acciones pueden tomar las autoridades en México si el deudor alimentario no cumple con la pensión alimenticia y se demuestra que tiene la capacidad económica para hacerlo?

Las autoridades en México pueden tomar diversas acciones si el deudor alimentario no cumple con la pensión alimenticia y se demuestra que tiene la capacidad económica para hacerlo. Esto puede incluir la imposición de multas y sanciones por incumplimiento. Además, el tribunal puede ordenar la retención de salarios y cuentas bancarias del deudor para asegurar que se haga cumplir la obligación de alimentos. También es posible que se emita una orden de arresto si el deudor sigue incumpliendo de manera reiterada y deliberada. Las autoridades judiciales buscan garantizar que se cumpla la orden de alimentos y que los beneficiarios reciban el apoyo financiero necesario.

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