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¿Es obligatorio registrar el contrato de arrendamiento en México?
El registro del contrato de arrendamiento no es obligatorio en todos los casos en México, pero puede ser necesario en propiedades de alto valor o para mayor seguridad jurídica. Algunas regulaciones locales o acuerdos específicos entre las partes pueden requerir el registro.
¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en casos de embargo en México?
El INEGI en México es la institución encargada de recopilar y difundir información estadística y geográfica. En casos de embargo relacionados con deudas de instituciones gubernamentales o asociadas con la recopilación de datos, el INEGI puede intervenir para garantizar que se cumplan las regulaciones y proteger los derechos de los acreedores. También puede recibir quejas en situaciones de embargo.
¿Qué medidas ha implementado México para fortalecer su marco legal y regulador en la lucha contra el lavado de activos?
México ha implementado leyes, reglamentos y reformas para cumplir con estándares internacionales, como la Ley Antilavado y la creación de la UIF, como parte de sus esfuerzos para combatir el lavado.
¿Qué medidas se toman para evitar el abuso de la verificación de listas de riesgos en México?
Para evitar el abuso de la verificación de listas de riesgos en México, las autoridades y las empresas deben seguir procedimientos claros y transparentes. También deben establecer mecanismos de apelación para las personas o entidades que creen que han sido incluidas injustamente en listas de sancionados. Es importante equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos individuales.
¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes de uso personal, como ropa y calzado, en México?
Los contratos de venta de bienes de uso personal en México están sujetos a las regulaciones de la PROFECO, que protegen los derechos de los consumidores y garantizan la calidad de los productos.
¿Cuál es el proceso de deshabilitación de un contratista en México y sus implicaciones?
La deshabilitación de un contratista en México implica la prohibición de participar en licitaciones y contratos gubernamentales. El proceso involucra la determinación de la autoridad competente y puede tener un impacto significativo en la empresa sancionada.
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