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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en las instituciones de microfinanzas en México?
Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión en infraestructura en México?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la inversión en infraestructura en México al aumentar los costos y retrasar proyectos, lo que puede afectar la calidad de la infraestructura disponible para la población.
¿Cuál es el propósito de la debida diligencia reforzada en el contexto de las PEP?
La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
¿Cuál es el papel de las agencias de aplicación de la ley y de la procuración de justicia en la lucha contra el lavado de activos en México?
Las agencias de aplicación de la ley y la procuración de justicia, como la FGR y la Policía Federal, juegan un papel clave en la investigación y persecución de casos de lavado de activos en México. Colaboran con la UIF y otras autoridades para llevar a cabo investigaciones criminales y juicios.
¿Qué sucede si una persona es acusada de un delito en México pero es declarada inocente?
Si una persona es acusada de un delito en México pero es declarada inocente por un tribunal, se considera inocente y no debería tener antecedentes penales relacionados con ese caso. Las autoridades judiciales deben actualizar los registros para reflejar la absolución, y la persona puede solicitar la cancelación de cualquier antecedente penal que haya resultado de la acusación.
¿Cómo se garantiza la igualdad de acceso a expedientes judiciales para personas en situación de vulnerabilidad en México?
En México, se toman medidas para garantizar la igualdad de acceso a expedientes judiciales para personas en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, víctimas de violencia o grupos marginados. Esto puede incluir la disponibilidad de intérpretes, asesores legales, formatos accesibles y la consideración de sus necesidades específicas en el acceso a la información. La igualdad de acceso es un principio importante en el sistema de justicia.
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