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¿Cuáles son los plazos y tiempos involucrados en un embargo en México?
Los plazos y tiempos en un embargo en México pueden variar considerablemente según la jurisdicción y la complejidad del caso. Desde la solicitud inicial hasta la conclusión del proceso pueden pasar meses o incluso años, dependiendo de la situación específica y cualquier apelación o recurso legal presentado.
¿Cuál es el rol de la sociedad civil y los medios de comunicación en la denuncia y concientización sobre el lavado de activos en México?
La sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la denuncia de actividades sospechosas y la concientización pública. Al informar sobre casos de lavado de activos, pueden contribuir a exponer y prevenir estas prácticas ilícitas.
¿Cómo se calculan las prestaciones de antigüedad en México en caso de una demanda laboral?
Las prestaciones de antigüedad en México se calculan generalmente en función de los años de servicio. La ley establece un monto de indemnización por año trabajado, que puede variar según el tipo de contrato y la causa del término de la relación laboral. Por ejemplo, en caso de despido injustificado, se otorgan 12 días de salario por año de servicio.
¿Cómo se manejan las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México?
Las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México se manejan a través de los procedimientos de resolución de conflictos de las instituciones financieras y, en algunos casos, la intervención de la CONDUSEF. Las instituciones deben contar con mecanismos para atender y resolver las quejas de manera justa y oportuna.
¿Cuál es el proceso de juicio por jurado en México?
En México, el sistema de juicio por jurado no es común y se utiliza en casos excepcionales. El juicio por jurado implica que un grupo de ciudadanos (el jurado) determina la culpabilidad o inocencia del acusado en un juicio.
¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?
En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.
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