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¿Cómo pueden las empresas en México fomentar la ética y la integridad en sus prácticas comerciales como parte del cumplimiento normativo?
Fomentar la ética y la integridad se logra a través de la implementación de códigos de conducta ética, capacitación en ética empresarial, canales para denunciar conductas no éticas y el ejemplo de liderazgo ético por parte de la alta dirección. La ética es esencial en el cumplimiento normativo.
¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades en caso de identificar una transacción sospechosa relacionada con una PEP?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
¿Pueden los individuos impugnar la inclusión de información obsoleta en sus antecedentes disciplinarios en México?
Sí, los individuos en México tienen el derecho de impugnar la inclusión de información obsoleta en sus antecedentes disciplinarios. Pueden solicitar la corrección o eliminación de información que ya no es relevante o precisa. Es importante proporcionar pruebas documentadas que respalden la solicitud, y la autoridad correspondiente revisará el caso para tomar una decisión.
¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de arrendamiento residencial y uno comercial en México?
Los contratos de arrendamiento residencial se utilizan para alquilar propiedades con fines de vivienda, mientras que los contratos de arrendamiento comercial se utilizan para propiedades comerciales o industriales. Los términos y condiciones varían según el tipo de contrato.
¿Cómo se combate el contrabando y el tráfico de mercancías ilegales en México?
El contrabando y el tráfico de mercancías ilegales se combaten a través de aduanas y agencias especializadas. Se inspeccionan cargamentos, se incautan productos ilegales y se persigue a los contrabandistas.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
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