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¿Cómo se calculan las prestaciones de antigüedad en México en caso de una demanda laboral?
Las prestaciones de antigüedad en México se calculan generalmente en función de los años de servicio. La ley establece un monto de indemnización por año trabajado, que puede variar según el tipo de contrato y la causa del término de la relación laboral. Por ejemplo, en caso de despido injustificado, se otorgan 12 días de salario por año de servicio.
¿Cuáles son los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrentan las empresas en el sector financiero en México?
Las empresas del sector financiero en México enfrentan riesgos de cumplimiento relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, regulaciones de la CNBV y la CONDUSEF, entre otros.
¿Cuál es el enfoque de selección de personal en el sector de la salud en México?
En el sector de la salud en México, se enfatiza la formación y la experiencia clínica. Los candidatos deben cumplir con las regulaciones de salud, tener licencias y certificaciones actualizadas, y demostrar habilidades de atención al paciente. Además, la ética y la empatía son fundamentales.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con condiciones de exportación en México?
En contratos de venta con condiciones de exportación, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para el envío y cumplir con regulaciones aduaneras y de comercio internacional.
¿Qué impuestos aplican a la venta de bienes usados en México?
La venta de bienes usados en México puede estar sujeta al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) en ciertos casos, dependiendo de las circunstancias.
¿Qué sucede si una persona no puede pagar las tarifas asociadas con la obtención de sus antecedentes judiciales en México?
Si una persona no puede pagar las tarifas asociadas con la obtención de sus antecedentes judiciales en México, puede haber opciones disponibles, como exenciones o tarifas reducidas en casos de necesidad económica. Es importante consultar con la autoridad judicial o gubernamental correspondiente para conocer las opciones disponibles y solicitar asistencia si es necesario. La falta de pago de tarifas no debería ser un obstáculo insuperable para acceder a los propios antecedentes judiciales.
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