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¿Cuál es la legislación principal en México relacionada con el AML?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un lugar de negocios para empresas extranjeras?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como lugar de negocios para empresas extranjeras al afectar la confianza y la seguridad de los inversores extranjeros, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el país.
¿Cómo pueden las empresas mexicanas cumplir con regulaciones de residuos peligrosos y su disposición segura, especialmente en industrias que generan este tipo de residuos?
El cumplimiento con regulaciones de residuos peligrosos en México implica la correcta identificación, manejo, transporte y disposición de estos residuos. Las empresas deben obtener autorizaciones de la SEMARNAT, implementar sistemas de gestión de residuos peligrosos y cumplir con regulaciones específicas, como la NOM-052-SEMARNAT.
¿Qué es el Índice de Cumplimiento Tributario y cómo se utiliza en la gestión de antecedentes fiscales en México?
El Índice de Cumplimiento Tributario (ICT) es un indicador que evalúa el cumplimiento fiscal de una empresa en México. Mantener un alto ICT es fundamental para mantener buenos antecedentes fiscales y acceder a beneficios fiscales, créditos y oportunidades de negocio.
¿Qué es un deudor alimentario en México?
En México, un deudor alimentario es una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a un hijo, cónyuge o familiares y no cumple con esta responsabilidad. Esto se rige por leyes civiles y familiares en el país.
¿Cómo se determina la cantidad de pensión alimenticia en México?
La cantidad de pensión alimenticia en México se determina considerando diversos factores, como los ingresos y necesidades del beneficiario, así como las posibilidades económicas del deudor alimentario. Los jueces evalúan estas circunstancias para establecer un monto justo y razonable de acuerdo a la legislación aplicable en cada estado mexicano.
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