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¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en relación con los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador generalmente debe proporcionar y mantener en funcionamiento los servicios públicos básicos, como agua, electricidad y gas, a menos que el contrato establezca lo contrario y especifique las responsabilidades del arrendatario.
¿Cómo se combate el contrabando y el tráfico de mercancías ilegales en México?
El contrabando y el tráfico de mercancías ilegales se combaten a través de aduanas y agencias especializadas. Se inspeccionan cargamentos, se incautan productos ilegales y se persigue a los contrabandistas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector energético en México?
La CNH es responsable de regular y supervisar actividades en la industria de hidrocarburos en México, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones ambientales, de seguridad y de comercio en el sector energético.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para el arrendador en México?
El arrendador debe declarar la renta que recibe por el arrendamiento de la propiedad ante la autoridad fiscal correspondiente. Dependiendo de su situación, podría estar sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros impuestos relacionados con el arrendamiento.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en los archivos físicos de expedientes judiciales en México?
En los archivos físicos de expedientes judiciales en México se implementan medidas de seguridad como cerraduras, acceso restringido, videovigilancia, y custodia por funcionarios judiciales. También se pueden usar sellos y etiquetas para identificar la confidencialidad de los documentos y prevenir su manipulación no autorizada. Estas medidas buscan proteger la integridad de la información en papel.
¿Qué es la pensión alimenticia en México y cómo se calcula?
La pensión alimenticia es una contribución económica destinada al sustento de los hijos o cónyuge que no tiene los recursos necesarios. Su cálculo varía según los ingresos y necesidades de las partes involucradas, y suele ser determinado por el juez.
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