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¿Cómo se gestionan los riesgos legales y de cumplimiento asociados con la subcontratación de servicios (outsourcing) en México?
La gestión de riesgos legales y de cumplimiento en la subcontratación de servicios en México implica la revisión y negociación de contratos, la supervisión continua y la alineación con regulaciones laborales y fiscales, como la Ley Federal del Trabajo y el SAT.
¿Cómo se asegura el cumplimiento de las regulaciones de KYC en el sector de criptomonedas en México?
El cumplimiento de las regulaciones de KYC en el sector de criptomonedas en México se asegura mediante la supervisión de las operaciones de las plataformas de intercambio de criptomonedas y la imposición de requisitos de verificación de identidad para los usuarios. Esto ayuda a prevenir el uso de criptomonedas en actividades ilícitas.
¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la educación en ética y cumplimiento en la formación de los empleados de contratistas en México?
La educación en ética y cumplimiento es fundamental en la formación de los empleados de contratistas en México, ya que les proporciona las habilidades y conocimientos necesarios para operar de manera ética y cumplir con las regulaciones.
¿Cuál es la regulación para la venta de vehículos nuevos en México?
La venta de vehículos nuevos en México está regulada por la PROFECO y la Ley de la Industria Automotriz, que establecen requisitos de calidad, garantías y transparencia en las ventas.
¿Qué agencias o autoridades pueden ordenar embargos en México?
En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.
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