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¿Cuál es el enfoque para evaluar la gestión de crisis y continuidad del negocio en la debida diligencia en México?
La gestión de crisis y la continuidad del negocio son fundamentales en la debida diligencia en México. Se deben revisar los planes de gestión de crisis, la capacidad de recuperación de la empresa ante desastres naturales y otros eventos inesperados, y la protección de activos críticos. También es importante considerar la preparación de la empresa para posibles crisis de reputación y su capacidad para mantener la operación en situaciones adversas.
¿Cómo se reconcilian las regulaciones de PEP con la necesidad de acceso a servicios financieros por parte de la población en general en México?
Las regulaciones buscan equilibrar la transparencia y el cumplimiento con la necesidad de acceso a servicios financieros, lo que puede lograrse a través de medidas de debida diligencia y educación financiera.
¿Cómo se pueden impugnar decisiones o sanciones fiscales en México?
En México, se pueden impugnar decisiones o sanciones fiscales presentando recursos y defensas ante el SAT, y en algunos casos, ante tribunales fiscales. Es importante contar con asesoramiento legal para llevar a cabo este proceso de impugnación de manera adecuada.
¿Cuáles son los derechos de las víctimas en el sistema legal mexicano?
Las víctimas de delitos en México tienen derechos que incluyen el acceso a la justicia, la reparación del daño, la protección y asistencia, y el derecho a ser informadas sobre el progreso de sus casos.
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la trata de personas en México, y qué medidas se toman para prevenir esta conexión?
El lavado de activos y la trata de personas pueden estar relacionados, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para financiar esta actividad criminal. México toma medidas para prevenir esta conexión a través de regulaciones y supervisión de sectores involucrados.
¿Cuál es el enfoque de derechos humanos en la justicia penal en México?
El enfoque de derechos humanos en la justicia penal se centra en garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el sistema de justicia, incluyendo acusados, víctimas y testigos.
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