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¿Cuál es el papel de los códigos de ética y conducta en el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?
Los códigos de ética y conducta son guías que establecen las expectativas de comportamiento en una organización. Son una herramienta esencial para promover la conformidad con las regulaciones y fomentar una cultura de integridad y ética empresarial.
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la supervisión de las regulaciones de PEP en México?
Las ONG pueden monitorear la implementación de regulaciones, promover la transparencia y denunciar posibles violaciones de derechos en relación con las regulaciones de PEP.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la exportación de bienes y servicios desde México?
La exportación de bienes y servicios desde México puede generar beneficios fiscales, como la exención del IVA y del ISR en ciertos casos. Es importante cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de quiebra o insolvencia en México?
Los contratos de venta en situaciones de quiebra o insolvencia pueden verse afectados por procesos legales y administrativos de quiebra, y las partes deben cumplir con las leyes de quiebra y reestructuración en México.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la propiedad intelectual y la protección de derechos de autor?
México se enfoca en la prevención del lavado de activos relacionado con la propiedad intelectual y la protección de derechos de autor a través de regulaciones y supervisión en sectores como la industria del entretenimiento y la tecnología.
¿Pueden las personas con antecedentes penales en México votar en elecciones?
En México, las personas con antecedentes penales pueden votar en elecciones, ya que el derecho al voto se considera un derecho ciudadano fundamental. No se establecen restricciones para las personas con antecedentes penales en ese sentido. El derecho al voto está protegido por la Constitución y se garantiza a todos los ciudadanos, a menos que existan limitaciones específicas, como la pérdida de derechos civiles por sentencia judicial en casos graves.
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