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¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con el acceso del arrendador a la propiedad en México?
El arrendador solo puede acceder a la propiedad en situaciones específicas, como para realizar reparaciones esenciales o inspecciones acordadas. Debe notificar al arrendatario con anticipación y respetar su derecho a la privacidad, a menos que haya una emergencia.
¿Cuál es la relación entre las regulaciones de PEP y el cumplimiento de las sanciones internacionales en México?
Las regulaciones de PEP también ayudan a garantizar el cumplimiento de sanciones internacionales al prevenir que las PEP evadan estas sanciones mediante el uso del sistema financiero.
¿Cómo se regula la actividad de intermediarios de bienes raíces en México para prevenir el lavado de dinero?
La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.
¿Qué sanciones fiscales se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales en México?
Las sanciones fiscales en México por incumplimiento de las obligaciones fiscales pueden incluir multas, recargos, embargos de cuentas bancarias y bienes, así como la publicación de deudores fiscales en el "Diario Oficial de la Federación". Las sanciones varían según la gravedad del incumplimiento.
¿Cómo se actualiza la información en la CURP en México?
La CURP se puede actualizar en las oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) o en línea a través del portal oficial del CURP, presentando documentos como actas de nacimiento o de matrimonio, según sea necesario para corregir la información.
¿Cuál es la diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones judiciales para contratistas en México?
Las sanciones administrativas son impuestas por autoridades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, y pueden incluir multas y deshabilitación. Las sanciones judiciales son resultado de procesos legales y pueden llevar a penas de prisión.
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