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¿Cómo se abordan los delitos ambientales en México?
Los delitos ambientales se abordan a través de regulaciones ambientales, agencias de protección del medio ambiente y sanciones por daños al entorno natural.
¿Qué instituciones o entidades en México pueden realizar verificaciones de antecedentes judiciales?
En México, las verificaciones de antecedentes judiciales suelen ser realizadas por empleadores, instituciones financieras, agencias gubernamentales, y en algunos casos, organizaciones de seguridad y aplicadores de la ley. Estas verificaciones son utilizadas para tomar decisiones relacionadas con la empleabilidad, crédito y seguridad pública.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino para la inversión en la industria automotriz?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como un destino para la inversión en la industria automotriz al resaltar la importancia de la calidad y la ética en la producción de vehículos, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el sector.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de narcotráfico en México?
Los delitos de narcotráfico se investigan y persiguen a través de agencias especializadas como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina. Se realizan operativos y se incautan drogas y bienes relacionados con el narcotráfico.
¿Cómo pueden las empresas abordar el cumplimiento normativo en relación con la prevención de la corrupción y el soborno en México?
Las empresas deben implementar políticas y procedimientos anticorrupción, proporcionar capacitación a empleados y socios comerciales, realizar debida diligencia en transacciones y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
¿Qué agencias o autoridades pueden ordenar embargos en México?
En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.
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