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¿Cuáles son las mejores prácticas para prevenir el soborno y la corrupción en el entorno empresarial mexicano?
Las mejores prácticas incluyen la implementación de programas de ética y capacitación, la revisión de transacciones comerciales y la cooperación con las autoridades para reportar actividades sospechosas.
¿Cómo se resuelven las disputas laborales fuera del tribunal en México?
Las disputas laborales pueden resolverse fuera del tribunal a través de la conciliación, mediación o acuerdos voluntarios entre las partes. También es común recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODETA) para buscar una solución antes de presentar una demanda formal.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector financiero en México?
La debida diligencia en el sector financiero en México es crítica debido a su influencia en la estabilidad económica y la confianza del mercado. Esto implica revisar las políticas y prácticas de gestión de riesgos financieros, la evaluación de activos y pasivos, y la adhesión a regulaciones financieras y bancarias. Además, se deben considerar las relaciones con organismos reguladores y la capacidad de gestión de crisis financieras. La debida diligencia en el sector financiero es fundamental para evitar problemas sistémicos y garantizar la integridad del sistema financiero mexicano.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión pública en México?
Las sanciones a contratistas pueden tener un impacto en la inversión pública en México al ralentizar o detener proyectos importantes, lo que a su vez puede afectar la infraestructura y los servicios gubernamentales disponibles para la población.
¿Qué impuestos se aplican a la venta de bienes muebles en México?
En México, las ventas de bienes muebles suelen estar sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que debe ser cobrado por el vendedor y remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Puede el arrendador imponer restricciones en el número de ocupantes en la propiedad en México?
El arrendador puede imponer restricciones en el número de ocupantes en la propiedad, siempre y cuando estas restricciones estén claramente especificadas en el contrato. Sin embargo, las restricciones deben cumplir con las leyes locales y ser razonables.
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