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¿Qué diferencia hay entre los antecedentes penales y los antecedentes judiciales en México?
En México, los antecedentes penales se refieren específicamente a los registros de condenas penales que una persona pueda tener. Los antecedentes judiciales son más amplios y abarcan cualquier participación de una persona en procesos judiciales, incluyendo arrestos, juicios y otros eventos legales, no solo condenas. Ambos tipos de registros pueden tener un impacto en la vida de una persona.
¿Cuáles son los tipos de bienes que pueden ser embargados en México?
En México, una amplia gama de bienes puede ser embargada, como propiedades inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, salarios, acciones, joyas y otros activos financieros. Los bienes pueden variar según el tipo de deuda y las circunstancias específicas de cada caso.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de crisis sanitaria y emergencia de salud en México?
Los contratos de venta en situaciones de crisis sanitaria y emergencia de salud en México pueden estar sujetos a medidas de emergencia y regulaciones temporales para garantizar la disponibilidad de productos de atención médica y proteger la salud pública.
¿Cuáles son las estrategias para retener al talento seleccionado en México?
Para retener el talento en México, las estrategias efectivas incluyen un ambiente de trabajo agradable, oportunidades de desarrollo, un paquete de compensación competitivo y el reconocimiento de los logros de los empleados. La comunicación abierta también es clave para mantener a los empleados comprometidos.
¿Qué medidas se toman para evitar la discriminación injusta en el cumplimiento de las regulaciones de PEP en México?
Las regulaciones deben diseñarse de manera que eviten la discriminación injusta y se basen en pruebas sólidas y criterios objetivos al aplicar medidas de debida diligencia a los clientes.
¿Qué medidas se toman para garantizar la independencia y objetividad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México?
Se toman medidas para garantizar la independencia y objetividad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México, como la designación de autoridades imparciales, la revisión de pruebas y la protección contra interferencias políticas o de otro tipo.
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