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¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de arrendamiento y un contrato de comodato en México?
Un contrato de arrendamiento implica el alquiler de una propiedad a cambio de una renta, mientras que un contrato de comodato es un préstamo gratuito de una propiedad por un período determinado, sin que se pague renta. Los términos y condiciones son distintos en cada caso.
¿Cómo se abordan las preocupaciones de privacidad de los clientes en el proceso KYC en México?
Las instituciones financieras en México deben cumplir con las leyes de privacidad de datos y garantizar la protección de la información personal de los clientes. La información recopilada durante el proceso KYC debe manejarse de manera segura y solo debe utilizarse con fines legítimos, como la prevención del lavado de dinero.
¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en relación a los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador suele ser responsable de proporcionar y mantener en funcionamiento los servicios básicos, como agua, electricidad y gas, a menos que el contrato estipule lo contrario y especifique claramente las responsabilidades.
¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en México?
Las sanciones por lavado de activos en México incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas económicas. También pueden conllevar la confiscación de los bienes objeto del lavado.
¿Cuáles son las implicaciones de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en el financiamiento de actividades terroristas en empresas mexicanas?
La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.
¿Cómo se promueve la adhesión a estándares de sostenibilidad en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La adhesión a estándares de sostenibilidad en la contratación pública se promueve en México mediante la inclusión de criterios de sostenibilidad y protección ambiental en los contratos gubernamentales, así como la promoción de prácticas comerciales sostenibles.
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