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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los padres en cuanto a la educación de los hijos en México?
Los padres en México tienen la obligación de brindar educación a sus hijos de acuerdo con su edad y capacidad. Esto puede ser a través de la educación pública o privada, pero deben garantizar el acceso a una educación adecuada.
¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en las instituciones de microfinanzas en México?
Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.
¿Es obligatorio que un contrato de venta en México esté por escrito?
No, no todos los contratos de venta en México deben ser por escrito. Sin embargo, algunos contratos, como los de bienes inmuebles, deben constar por escrito para ser válidos.
¿Cuál es el impacto de las redes sociales y la tecnología en línea en el lavado de activos en México, y cómo se está combatiendo esta tendencia?
Las redes sociales y la tecnología en línea pueden ser utilizadas para ocultar y transferir fondos ilícitos. México está fortaleciendo sus regulaciones y monitoreo en el ámbito digital para prevenir el uso de estas plataformas en actividades de lavado de activos.
¿Cómo se promueve la adhesión a estándares de responsabilidad corporativa en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La adhesión a estándares de responsabilidad corporativa en la contratación pública se promueve en México mediante la inclusión de requisitos y criterios que fomentan la ética y la sostenibilidad en los contratos gubernamentales.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el cambio de su nombre o identidad para evitar la estigmatización?
En México, una persona con antecedentes penales puede solicitar el cambio de su nombre o identidad, pero el proceso puede ser complejo y no garantiza que se evite la estigmatización. La decisión de cambiar el nombre es competencia de las autoridades judiciales, y generalmente se considera en función de motivos legítimos y la conveniencia pública. La estigmatización puede persistir incluso con un cambio de nombre, ya que los antecedentes penales suelen estar asociados al número de identificación personal.
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