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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las opciones para los ciudadanos mexicanos que desean emigrar a España como trabajadores agrícolas temporales?
Los ciudadanos mexicanos que desean trabajar en la agricultura en España como temporeros pueden hacerlo a través de programas de empleo temporal. España suele tener acuerdos con algunos países, como México, para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas temporales. Deben contar con una oferta de trabajo de un empleador español y cumplir con los requisitos específicos del programa.
¿Cómo se abordan los aspectos de sostenibilidad en la selección de personal en la industria de la energía renovable en México?
La sostenibilidad es clave en la industria de la energía renovable en México. Los candidatos deben demostrar su compromiso con la generación de energía limpia y renovable, así como su conocimiento de las regulaciones y tecnologías relacionadas con la energía verde.
¿Qué hacer en caso de cambio de domicilio en la Credencial para Votar?
En caso de cambio de domicilio, se debe actualizar la Credencial para Votar en un módulo del INE presentando comprobante de domicilio reciente y el documento original.
¿Qué responsabilidades tienen los gobiernos estatales y locales en la sanción de contratistas en México?
Los gobiernos estatales y locales en México tienen responsabilidades en la supervisión y sanción de contratistas en sus jurisdicciones, en línea con las regulaciones federales y estatales correspondientes.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
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