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¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México a la creciente adopción de tecnologías móviles y dispositivos inteligentes?
El proceso KYC en México se ha adaptado a la creciente adopción de tecnologías móviles y dispositivos inteligentes al permitir la verificación de identidad a través de aplicaciones móviles y cámaras de smartphones. Esto brinda a los clientes una forma conveniente de cumplir con los requisitos de KYC.
¿Cuáles son los motivos más comunes para sancionar a un contratista en México?
Los motivos más comunes para sancionar a un contratista en México incluyen el incumplimiento de contratos, prácticas corruptas, evasión fiscal, y el incumplimiento de regulaciones de seguridad y ambientales, entre otros.
¿Cuál es el papel de la cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales en la sanción de contratistas en México?
La cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales puede ser crucial para investigar y sancionar a contratistas en casos de corrupción transfronteriza o delitos económicos que involucren a empresas extranjeras.
¿Puede el arrendatario negarse a pagar el alquiler si el arrendador no cumple con sus obligaciones en el contrato en México?
El arrendatario generalmente no puede negarse a pagar el alquiler si el arrendador no cumple con sus obligaciones en el contrato. En su lugar, el arrendatario debe notificar al arrendador sobre el incumplimiento y, si es necesario, buscar soluciones legales para hacer cumplir el contrato o buscar una compensación por el incumplimiento.
¿Cuál es el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.
¿Cómo se resuelven los casos de derecho laboral en el sector público en México?
Los casos de derecho laboral en el sector público en México se rigen por las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo. Los empleados del sector público pueden presentar reclamaciones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o las juntas locales de conciliación y arbitraje, dependiendo de la jurisdicción. Estas juntas son responsables de resolver disputas laborales en el sector público, como las relacionadas con despidos injustificados, condiciones de trabajo y prestaciones. Si no se llega a un acuerdo en la etapa de conciliación, se puede llevar el caso ante un tribunal laboral.
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