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¿Puede una persona con antecedentes penales ser discriminada en la vivienda en México?
En México, la discriminación por antecedentes penales en la vivienda está prohibida por leyes y regulaciones que protegen los derechos de las personas a la igualdad y no discriminación. Los propietarios e inquilinos no pueden negar el acceso a la vivienda o discriminar en el alquiler o venta de propiedades debido a los antecedentes penales. Si una persona cree que ha sido discriminada en la vivienda debido a sus antecedentes, puede buscar asesoramiento legal y presentar una queja ante las autoridades apropiadas.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes culturales o históricos en México?
La venta de bienes culturales o históricos en México está regulada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
¿Qué es el Programa "México Sin Hambre" y cómo se relaciona con la identificación?
El Programa "México Sin Hambre" es un programa de asistencia social que busca combatir la pobreza y el hambre en el país. La identificación, como la CURP y la Credencial para Votar, se utiliza para verificar la elegibilidad de los beneficiarios y distribuir los recursos de manera efectiva.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en situaciones de pandemia o emergencia en México?
Los contratos de venta en situaciones de pandemia o emergencia pueden estar sujetos a medidas especiales y regulaciones temporales para garantizar la salud pública y proteger a los consumidores.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de energía en México?
En contratos de venta con restricciones de exportación de energía, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de energía y comercio internacional.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión pública en México?
Las sanciones a contratistas pueden tener un impacto en la inversión pública en México al ralentizar o detener proyectos importantes, lo que a su vez puede afectar la infraestructura y los servicios gubernamentales disponibles para la población.
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