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¿Cómo se abordan los delitos de abuso sexual infantil en México?
Los delitos de abuso sexual infantil son tratados con especial atención a la protección de los derechos de los menores. Se promueve la denuncia, la atención médica y psicológica, y la persecución de los responsables.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en sectores económicos específicos en México, como el sector inmobiliario?
Se han implementado regulaciones específicas para sectores vulnerables, como el inmobiliario, exigiendo un mayor escrutinio en las transacciones y la debida diligencia en la identificación de clientes. También se supervisan las transacciones con activos de alto valor.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la explotación infantil y el abuso de menores en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención de la explotación infantil y el abuso de menores en México al ayudar a identificar a personas involucradas en actividades sospechosas relacionadas con estos delitos. Esto contribuye a la protección de los menores.
¿Cuáles son los motivos más comunes para un embargo en México?
Los motivos más comunes para un embargo en México incluyen el incumplimiento de pagos de deudas, ya sea de préstamos, facturas no pagadas, deudas fiscales, y otras obligaciones financieras. Además, un embargo puede ser solicitado en casos de incumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
¿Qué impacto tienen las sanciones a contratistas en la competitividad de las empresas mexicanas a nivel internacional?
Las sanciones pueden afectar negativamente la competitividad de las empresas mexicanas a nivel internacional al dañar su reputación y reducir su capacidad para competir en el mercado global.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar una orden de protección en caso de amenazas o acoso?
Sí, una persona con antecedentes penales en México puede solicitar una orden de protección en caso de amenazas o acoso. Las órdenes de protección son órdenes judiciales que buscan proteger a las personas que se sienten amenazadas o acosadas. La elegibilidad se basa en la evidencia de amenazas o acoso, no en los antecedentes penales de la persona solicitante. Las órdenes de protección pueden incluir restricciones contra la persona acosadora y proporcionar medidas de seguridad para la persona solicitante.
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