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¿Cuál es la legislación principal en México relacionada con el AML?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.
¿Cómo se pueden consultar los adeudos fiscales en México y cuál es el proceso para su regularización?
Los adeudos fiscales se pueden consultar a través del portal del SAT en México. Para regularizar los adeudos, se debe presentar una solicitud de pago a plazos o un convenio de facilidades. Cumplir con los términos del acuerdo es fundamental para mejorar los antecedentes fiscales.
¿Cuáles son las diferencias entre una demanda individual y una colectiva en México?
Una demanda individual se presenta cuando un empleado o empleador presenta una demanda laboral específica. En contraste, una demanda colectiva (o acción colectiva) involucra a un grupo de empleados que presentan una demanda conjunta por cuestiones similares, como salarios no pagados o condiciones laborales inseguras.
¿Puede el arrendador exigir un depósito de garantía excesivamente alto en México?
El depósito de garantía debe ser razonable y no excesivo. No hay un monto fijo establecido por la ley, pero debe estar en proporción a la renta y no debe ser utilizado para cubrir rentas futuras no vencidas. El depósito de garantía debe ser acordado por ambas partes en el contrato.
¿Qué recursos y capacitación están disponibles para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las regulaciones de PEP en México?
Las instituciones financieras pueden acceder a recursos proporcionados por el Gobierno y organizaciones especializadas, incluyendo guías y programas de capacitación.
¿Qué medidas de seguridad y protección de datos se aplican a la gestión de antecedentes judiciales en México?
La gestión de antecedentes judiciales en México está sujeta a medidas de seguridad y protección de datos para garantizar la confidencialidad y la privacidad de la información. Esto puede incluir el almacenamiento seguro de registros, restricciones de acceso a la información, auditorías de seguridad y cumplimiento de leyes de protección de datos personales. Las autoridades judiciales y gubernamentales deben seguir estas medidas para garantizar la integridad de los antecedentes.
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