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¿Cuál es el plazo de notificación requerido para la renovación o no renovación del contrato en México?
El plazo de notificación para la renovación o no renovación del contrato en México varía según lo que estipule el contrato y las leyes locales. En general, suele ser de 30 a 90 días antes de la fecha de vencimiento del contrato. Ambas partes deben acordar este plazo en el contrato.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de violencia sexual en México?
Los delitos de violencia sexual se investigan y persiguen por las autoridades competentes. Se busca recopilar pruebas, entrevistar a las víctimas y llevar a los agresores ante la justicia.
¿Es posible modificar un contrato de arrendamiento en México una vez que ha comenzado?
Las modificaciones al contrato pueden realizarse si ambas partes están de acuerdo y firman una adenda o anexo que especifique los cambios. Es importante que las modificaciones se hagan por escrito y estén debidamente registradas.
¿Cuál es el plazo de retención de antecedentes disciplinarios en México?
El plazo de retención de antecedentes disciplinarios en México varía según la naturaleza de los antecedentes y las regulaciones de cada entidad federativa. En general, los antecedentes disciplinarios pueden mantenerse en los registros durante un período específico, que suele estar vinculado a la gravedad del delito y la rehabilitación del individuo. Algunos delitos graves pueden mantenerse en los registros durante muchos años, mientras que otros pueden ser eliminados más rápidamente.
¿Qué tecnologías se utilizan en el proceso KYC en México para mejorar la eficiencia?
En México, se utilizan tecnologías como la biometría, la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para agilizar la verificación de identidad. Estas tecnologías permiten a las instituciones financieras reducir costos y mejorar la precisión en la verificación de clientes.
¿Qué medidas se toman para garantizar el acceso a expedientes judiciales para personas con discapacidad en México?
En México, se toman medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a expedientes judiciales. Esto puede incluir la disponibilidad de formatos accesibles, como Braille o documentos electrónicos con herramientas de lectura de pantalla, así como la accesibilidad física a las instalaciones judiciales. La igualdad de acceso es un principio importante en el sistema de justicia.
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