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¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México en respuesta a los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19?
La pandemia de COVID-19 ha impulsado la implementación de procesos de KYC en línea y sin contacto en México, permitiendo a los clientes verificar su identidad de manera segura desde sus hogares. Esto ha sido esencial para mantener la continuidad de las operaciones financieras durante la crisis sanitaria.
¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar ventas a través de subastas en México?
Las ventas a través de subastas en México deben cumplir con regulaciones de subastas públicas, incluyendo la autorización de subastadores y la transparencia en el proceso de venta.
¿Cómo se realiza la apostilla de documentos en México?
La apostilla de documentos en México se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o en algunas entidades federativas autorizadas. Debes presentar los documentos, completar una solicitud y pagar una tarifa para que sean apostillados.
¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes en el mercado digital y comercio electrónico en México?
Los contratos de venta en el mercado digital y comercio electrónico en México deben cumplir con regulaciones de comercio en línea, protección al consumidor y privacidad de datos, garantizando la transparencia y seguridad en las transacciones en línea.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia y la pensión alimentaria en México?
La pensión alimenticia y la pensión alimentaria son términos que a menudo se utilizan indistintamente en México. Ambos se refieren al apoyo financiero proporcionado por un deudor alimentario a un beneficiario, generalmente un hijo o cónyuge. No obstante, la "pensión alimentaria" es el término legal más comúnmente utilizado en las leyes mexicanas. En resumen, no hay una diferencia significativa entre los dos términos en el contexto de México.
¿Cómo se abordan los temas de cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero en México?
En México, el cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la identificación de los beneficiarios finales de la empresa, la revisión de políticas y procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y la evaluación de transacciones sospechosas o inusuales. También se deben revisar las sanciones vigentes y las listas de personas y entidades sancionadas.
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