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¿Cuáles son los principales riesgos legales que deben evaluarse en la debida diligencia en México?
En la debida diligencia en México, es fundamental identificar los riesgos legales relacionados con litigios pendientes, disputas contractuales, regulaciones específicas de la industria y cualquier asunto legal que pueda afectar la transacción. También se debe revisar el historial de demandas y arbitrajes para evaluar posibles contingencias legales que podrían impactar el negocio.
¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México para hacer frente a la evolución de las amenazas cibernéticas?
El proceso KYC en México se ha adaptado para hacer frente a la evolución de las amenazas cibernéticas mediante la implementación de medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores y la supervisión continua de actividades sospechosas. Esto ayuda a proteger la información de los clientes contra ataques cibernéticos.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador tiene derecho a no renovar un contrato al final de su vigencia, siempre y cuando lo notifique con la antelación requerida y respetando los términos del contrato.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tomar las instituciones financieras en México para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Qué implicaciones tiene la Ley Federal de Protección al Consumidor en contratos de venta?
La Ley Federal de Protección al Consumidor en México establece derechos y obligaciones específicos para los consumidores, como la garantía y la información clara en contratos de venta.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia en México?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia en México al demostrar la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley y castigar prácticas irregulares, lo que puede fortalecer la percepción de un sistema de justicia efectivo.
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