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¿Puede un empleador en México tomar decisiones de contratación basadas en antecedentes judiciales sin el consentimiento del solicitante?
En México, la toma de decisiones de contratación basadas en antecedentes judiciales generalmente requiere el consentimiento del solicitante. Un empleador debe obtener el consentimiento del candidato para llevar a cabo una verificación de antecedentes. El solicitante tiene derecho a ser informado sobre la verificación y a proporcionar o denegar su consentimiento.
¿Cómo se regula la venta de bienes en remate de aduanas en México?
La venta de bienes en remate de aduanas en México se realiza a través de subastas aduanales, y las regulaciones aduaneras y fiscales establecen los procedimientos y requisitos aplicables.
¿Cuál es el proceso de denuncia de irregularidades (whistleblowing) y su importancia en el cumplimiento normativo en México?
El proceso de denuncia de irregularidades permite a los empleados y otros actores informar sobre conductas inapropiadas o incumplimientos normativos. Promover un entorno seguro para las denuncias es esencial para prevenir y corregir problemas de cumplimiento.
¿Cuál es el procedimiento para la devolución del depósito de garantía al final del contrato en México?
Al final del contrato, el arrendador debe inspeccionar la propiedad y verificar si hay daños o rentas pendientes. Si no hay problemas, debe devolver el depósito de garantía al arrendatario dentro del plazo especificado en el contrato, generalmente en un plazo de 30 días.
¿Cómo se promueve la integridad en la contratación pública en México como medida preventiva de sanciones?
La promoción de la integridad en la contratación pública en México se logra a través de la transparencia en los procesos de licitación, la promoción de competencia justa y la revisión rigurosa de antecedentes y conductas de los contratistas.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la educación superior y las instituciones académicas en México?
En el sector de la educación superior y las instituciones académicas, se promueve la identificación de estudiantes y la supervisión de transacciones financieras para prevenir el uso de estas instituciones en el lavado de activos.
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