Artículos recomendados
¿Cómo se relaciona el cumplimiento normativo con la gestión de riesgos empresariales en México?
El cumplimiento normativo y la gestión de riesgos empresariales están relacionados en la medida en que el incumplimiento de regulaciones puede ser un riesgo para las empresas. La gestión de riesgos incluye la identificación y mitigación de riesgos relacionados con el cumplimiento.
¿Cuál es el proceso de establecer una tutela en México y cuáles son los requisitos?
Establecer una tutela en México implica un proceso legal. Los requisitos pueden variar, pero generalmente incluyen presentar una solicitud ante un juez, demostrar que el menor necesita un tutor y que el tutor propuesto es idóneo para asumir la responsabilidad legal.
¿Cuáles son los aspectos clave de la debida diligencia en México?
En México, la debida diligencia suele centrarse en aspectos como la situación financiera de la empresa, sus activos y pasivos, las regulaciones fiscales, las obligaciones laborales, los contratos y acuerdos vigentes, las cuestiones de propiedad intelectual y la conformidad con las leyes y regulaciones locales. También se revisan aspectos específicos de la industria y los riesgos asociados.
¿Cuál es el procedimiento para la venta de bienes embargados en México?
La venta de bienes embargados en México se realiza a través de subastas judiciales, supervisadas por un actuario judicial, y el producto se destina a la satisfacción del crédito embargado.
¿Pueden las partes incluir cláusulas de mediación o arbitraje en un contrato de venta en México?
Sí, las partes pueden incluir cláusulas de mediación o arbitraje en un contrato de venta en México para resolver disputas de manera alternativa en lugar de recurrir a litigios judiciales.
¿Pueden las personas con antecedentes penales en México votar en elecciones?
En México, las personas con antecedentes penales pueden votar en elecciones, ya que el derecho al voto se considera un derecho ciudadano fundamental. No se establecen restricciones para las personas con antecedentes penales en ese sentido. El derecho al voto está protegido por la Constitución y se garantiza a todos los ciudadanos, a menos que existan limitaciones específicas, como la pérdida de derechos civiles por sentencia judicial en casos graves.
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