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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?
Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.
¿Cuáles son los principales riesgos legales que deben evaluarse en la debida diligencia en México?
En la debida diligencia en México, es fundamental identificar los riesgos legales relacionados con litigios pendientes, disputas contractuales, regulaciones específicas de la industria y cualquier asunto legal que pueda afectar la transacción. También se debe revisar el historial de demandas y arbitrajes para evaluar posibles contingencias legales que podrían impactar el negocio.
¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales en el cumplimiento normativo en México?
Las agencias gubernamentales en México desempeñan un papel fundamental al establecer regulaciones, llevar a cabo inspecciones, hacer cumplir las leyes y aplicar sanciones en caso de incumplimiento normativo. Son responsables de garantizar un mercado justo y seguro.
¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de donaciones políticas a PEP en México?
Las donaciones políticas a PEP en México también pueden pasar por un proceso de revisión y aprobación riguroso, lo que incluye verificar el origen de los fondos y cumplir con regulaciones destinadas a prevenir influencias indebidas en el proceso electoral.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes en el ámbito de la salud y la medicina en México?
La venta de bienes en el ámbito de la salud y la medicina en México está regulada por la COFEPRIS y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), con requisitos de seguridad y autorización.
¿Qué medidas se toman para garantizar el acceso a expedientes judiciales para personas con discapacidad en México?
En México, se toman medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a expedientes judiciales. Esto puede incluir la disponibilidad de formatos accesibles, como Braille o documentos electrónicos con herramientas de lectura de pantalla, así como la accesibilidad física a las instalaciones judiciales. La igualdad de acceso es un principio importante en el sistema de justicia.
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