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¿Puede el arrendatario subarrendar parte de la propiedad en un contrato de arrendamiento en México?
El subarrendamiento de una parte de la propiedad suele requerir el consentimiento previo del arrendador, a menos que el contrato permita explícitamente el subarrendamiento. Las condiciones para el subarrendamiento deben estar claramente establecidas en el contrato.
¿Qué papel desempeñan las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la promoción del KYC en México?
Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en México pueden desempeñar un papel importante al promover la conciencia sobre la importancia del KYC en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También pueden abogar por regulaciones efectivas y transparentes en este ámbito.
¿Cómo se regula la actividad de los intermediarios financieros no bancarios en México para prevenir el lavado de dinero?
Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad por un período más largo que el plazo original del contrato en México?
El arrendatario generalmente no puede subarrendar la propiedad por un período más largo que el plazo original del contrato sin el consentimiento del arrendador. Cualquier subarrendamiento debe estar en conformidad con los términos acordados en el contrato.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir y combatir el robo a transeúntes en México?
El robo a transeúntes se combate a través de la presencia policial en áreas urbanas, campañas de prevención, y la promoción de la denuncia ciudadana.
¿Cuáles son las sanciones legales por incumplimiento de una orden de protección en casos de violencia doméstica en México?
El incumplimiento de una orden de protección en casos de violencia doméstica puede dar lugar a sanciones legales, que pueden incluir multas, arresto o prisión, y la ampliación de las medidas de protección en favor de la víctima.
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