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¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad en México?
En la mayoría de los casos, el arrendatario necesita el consentimiento del arrendador para subarrendar la propiedad, a menos que el contrato lo permita explícitamente.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser deportada si no es ciudadana mexicana?
Si una persona con antecedentes penales en México no es ciudadana mexicana, puede enfrentar el riesgo de deportación si las autoridades migratorias determinan que sus antecedentes penales hacen que sea inadmisible o elegible para la deportación. La deportación suele estar relacionada con delitos graves y puede ser una consecuencia de la inmigración irregular o la violación de las leyes migratorias. Es importante buscar asesoramiento legal si se enfrenta a la posibilidad de deportación debido a antecedentes penales.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad en las investigaciones y sanciones a contratistas en México?
La confidencialidad en las investigaciones y sanciones a contratistas se garantiza a través de la protección de datos sensibles y la divulgación selectiva de información para evitar dañar la reputación de las empresas antes de que se haya demostrado su culpabilidad.
¿Cómo se valora la formación en metodologías ágiles en la selección de personal en México?
La formación en metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, se valora en empresas que buscan la eficiencia y la innovación en el desarrollo de productos y proyectos. Los candidatos que tienen certificaciones o experiencia en estas metodologías son atractivos.
¿Cómo pueden los contratistas en México recuperarse de las sanciones y volver a operar en el mercado?
Los contratistas sancionados pueden trabajar en la rehabilitación de su imagen y cumplir con las obligaciones impuestas. Esto puede incluir el pago de multas, la corrección de deficiencias y la implementación de políticas de cumplimiento más sólidas.
¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en México?
Las sanciones por lavado de activos en México incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas económicas. También pueden conllevar la confiscación de los bienes objeto del lavado.
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