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¿Qué entidades regulan los antecedentes fiscales en México?
En México, los antecedentes fiscales están regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Es necesario pagar impuestos por el alquiler de una propiedad en México?
Tanto el arrendador como el arrendatario pueden tener obligaciones fiscales en relación con el alquiler de una propiedad. El arrendador debe declarar la renta percibida, y el arrendatario debe considerar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) si es persona física y la retención del ISR si es persona moral.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser excluida de servir en un jurado?
En México, las leyes y regulaciones sobre la selección de jurados pueden variar según la jurisdicción, pero generalmente las personas con antecedentes penales no están excluidas automáticamente de servir en un jurado. La selección de jurados se basa en criterios específicos, como la imparcialidad y la capacidad de juzgar de manera justa un caso. Las personas con antecedentes penales pueden ser excluidas del jurado si su historial podría influir en su capacidad para ser imparciales. Sin embargo, la decisión de excluir a alguien del jurado se toma caso por caso.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la reputación de México en el escenario internacional?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la reputación de México en el escenario internacional al reflejar su compromiso con la integridad y el cumplimiento ético en los negocios, lo que puede afectar su posición en acuerdos y relaciones internacionales.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad en México?
En la mayoría de los casos, el arrendatario necesita el consentimiento del arrendador para subarrendar la propiedad, a menos que el contrato lo permita explícitamente.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el cambio de su nombre o identidad para evitar la estigmatización?
En México, una persona con antecedentes penales puede solicitar el cambio de su nombre o identidad, pero el proceso puede ser complejo y no garantiza que se evite la estigmatización. La decisión de cambiar el nombre es competencia de las autoridades judiciales, y generalmente se considera en función de motivos legítimos y la conveniencia pública. La estigmatización puede persistir incluso con un cambio de nombre, ya que los antecedentes penales suelen estar asociados al número de identificación personal.
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