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¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en relación con los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador generalmente debe proporcionar y mantener en funcionamiento los servicios públicos básicos, como agua, electricidad y gas, a menos que el contrato establezca lo contrario y especifique las responsabilidades del arrendatario.
¿Puede una PEP en México abrir una cuenta bancaria en el extranjero?
Sí, una PEP en México puede abrir una cuenta bancaria en el extranjero, pero debe cumplir con las regulaciones de ese país y, en algunos casos, puede estar sujeto a medidas de debida diligencia más estrictas.
¿Cómo pueden las empresas mexicanas adaptarse a las regulaciones cambiantes de comercio internacional, como el CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico)?
La adaptación a regulaciones cambiantes de comercio internacional implica estar al tanto de las actualizaciones, ajustar las prácticas comerciales y cumplir con los requisitos específicos del acuerdo, como las disposiciones de propiedad intelectual y comercio de servicios.
¿Qué medidas de seguridad deben implementar las instituciones financieras para prevenir el acceso no autorizado a la información de PEP?
Las instituciones financieras deben emplear medidas como sistemas de seguridad cibernética, acceso restringido a la información y capacitación del personal para prevenir el acceso no autorizado.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por el no pago de rentas atrasadas en México?
El arrendador puede retener el depósito de garantía si el arrendatario no paga rentas atrasadas u otras deudas legítimas, pero debe justificar esta retención y proporcionar documentación adecuada de los montos adeudados. El depósito no debe utilizarse para cubrir rentas futuras no vencidas.
¿Qué se hace para garantizar la igualdad de oportunidades en el proceso KYC en México, especialmente para grupos vulnerables?
Para garantizar la igualdad de oportunidades en el proceso KYC en México, las instituciones financieras deben proporcionar adaptaciones razonables para personas con discapacidades y garantizar que no haya discriminación por género, edad u origen étnico. Esto promueve la inclusión de grupos vulnerables en el sistema financiero.
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