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¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con proveedores en México?
El proceso de embargo en casos de deudas con proveedores en México generalmente implica una notificación inicial, seguida de la presentación de pruebas y documentos legales por ambas partes, y finalmente, la emisión de una orden de embargo por un tribunal si se determina que la deuda es válida. Luego, se procede con la retención de bienes o activos para cubrir la deuda.
¿Cómo se pueden impugnar decisiones o sanciones fiscales en México?
En México, se pueden impugnar decisiones o sanciones fiscales presentando recursos y defensas ante el SAT, y en algunos casos, ante tribunales fiscales. Es importante contar con asesoramiento legal para llevar a cabo este proceso de impugnación de manera adecuada.
¿Cuál es el impacto del proceso KYC en la banca móvil y los pagos digitales en México?
El proceso KYC es esencial para garantizar la seguridad en la banca móvil y los pagos digitales en México. Los usuarios deben pasar por procedimientos de verificación de identidad antes de utilizar estos servicios para prevenir el fraude y el lavado de dinero en el ámbito digital.
¿Puede el arrendatario hacer cambios o mejoras en la propiedad en México?
El arrendatario puede hacer cambios o mejoras en la propiedad con el consentimiento del arrendador, a menos que el contrato estipule lo contrario. En caso de realizar mejoras, generalmente debe restaurar la propiedad a su estado original al final del contrato, a menos que se acuerde lo contrario.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social corporativa (RSC) en México?
El cumplimiento normativo y la RSC están estrechamente relacionados, ya que una parte clave de la RSC implica respetar las leyes y regulaciones, proteger el medio ambiente y actuar de manera ética en todas las operaciones.
¿Qué acciones se están tomando en México para combatir el lavado de activos a través de la inversión en el sector inmobiliario?
En México, se están implementando medidas como la identificación y reporte de transacciones inusuales en bienes raíces, así como la exigencia de información sobre los beneficiarios finales de las transacciones para prevenir el uso del sector inmobiliario en el lavado de activos.
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