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¿Qué responsabilidades tienen los gobiernos estatales y locales en la sanción de contratistas en México?
Los gobiernos estatales y locales en México tienen responsabilidades en la supervisión y sanción de contratistas en sus jurisdicciones, en línea con las regulaciones federales y estatales correspondientes.
¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?
Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Qué es el secuestro express y cómo se combate en México?
El secuestro express es un delito en el que los secuestradores buscan obtener un rescate rápidamente. Se combate a través de fuerzas de seguridad especializadas y medidas de prevención, como la educación sobre cómo protegerse.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de venta en México?
Las partes en un contrato de venta en México tienen derechos como recibir el bien o servicio acordado y obligaciones como cumplir con el pago y la entrega según lo estipulado en el contrato.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad si el arrendador ha dado su consentimiento en México?
Si el arrendador ha dado su consentimiento, el arrendatario puede subarrendar la propiedad a un tercero en México. Sin embargo, es importante que el subarrendamiento esté regulado por un acuerdo adicional y que el arrendador esté al tanto de las condiciones y responsabilidades.
¿Cómo se maneja la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de interés público en México?
En casos de interés público en México, la confidencialidad de los expedientes judiciales puede ser un tema delicado. Los tribunales deben equilibrar la transparencia con la protección de información sensible. Esto se logra aplicando restricciones de acceso específicas, como la redacción de nombres o datos personales, o mediante la emisión de versiones públicas de expedientes que excluyen información confidencial. La legislación y la jurisprudencia orientan este proceso.
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