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¿Puede el arrendador ingresar a la propiedad sin previo aviso en México?
El arrendador generalmente no puede ingresar a la propiedad sin previo aviso o sin el consentimiento del arrendatario, a menos que exista una emergencia que requiera acceso inmediato. En la mayoría de los casos, se debe notificar al arrendatario con anticipación antes de ingresar a la propiedad.
¿Cuál es el propósito de identificar a las PEP?
La identificación de PEP tiene como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero al someter a estas personas a un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras.
¿Cuál es el papel de las autoridades judiciales en la ejecución de embargos en México?
Las autoridades judiciales en México tienen un papel fundamental en la ejecución de embargos. Emiten las órdenes de embargo, supervisan el proceso de retención de bienes y garantizan que se respeten los derechos legales de todas las partes involucradas. Su objetivo es asegurar un proceso justo y equitativo de acuerdo con la ley.
¿Qué sucede si el arrendador quiere vender la propiedad durante el contrato en México?
Si el arrendador desea vender la propiedad durante el contrato, el arrendatario generalmente tiene el derecho de permanecer en la propiedad hasta que el contrato vigente expire. El nuevo propietario debe respetar los términos del contrato.
¿Cómo se resuelven los casos de derechos de propiedad agraria en México?
Los casos relacionados con derechos de propiedad agraria en México a menudo se resuelven a través de tribunales agrarios. Los tribunales agrarios son competentes para manejar disputas relacionadas con la propiedad y el uso de tierras ejidales y comunales. Las partes pueden presentar demandas y proporcionar pruebas documentales y testimoniales para respaldar sus reclamaciones. La resolución busca conciliar los intereses de las comunidades agrarias y garantizar el respeto de los derechos de propiedad.
¿Cuál es el impacto de la Ley Federal Anticorrupción en las prácticas de cumplimiento en México?
La Ley Federal Anticorrupción en México establece obligaciones adicionales para prevenir la corrupción y el soborno, lo que requiere que las empresas adapten y fortalezcan sus programas de cumplimiento.
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