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¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador tiene derecho a no renovar un contrato al final de su vigencia, siempre y cuando lo notifique con la antelación requerida y respetando los términos del contrato.
¿Cuál es el enfoque de género en la lucha contra la violencia de género en México?
El enfoque de género se refiere a la consideración de las desigualdades de género en la prevención y sanción de la violencia de género. Se promueve para abordar este tipo de violencia de manera efectiva y garantizar la protección de las víctimas.
¿Cuál es el papel de las agencias de calificación crediticia en la prevención del lavado de dinero en México?
Las agencias de calificación crediticia desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes y la verificación de la información crediticia. Esto contribuye a prevenir que se utilicen para ocultar la identidad y el origen de fondos ilícitos.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de metales preciosos y piedras preciosas?
En el sector de metales preciosos y piedras preciosas, México ha establecido regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas para prevenir el uso de estos activos en el lavado de dinero.
¿Puede el arrendatario hacer cambios o mejoras en la propiedad en México?
El arrendatario puede hacer cambios o mejoras en la propiedad con el consentimiento del arrendador, a menos que el contrato estipule lo contrario. En caso de realizar mejoras, generalmente debe restaurar la propiedad a su estado original al final del contrato, a menos que se acuerde lo contrario.
¿Cuál es la legislación principal en México relacionada con el AML?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.
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