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¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con la asistencia legal y jurídica en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con la asistencia legal y jurídica en México está regulada por las leyes de abogados y la PROFECO, garantizando la transparencia en costos y servicios ofrecidos a los clientes.
¿Qué recursos de apoyo existen para las partes involucradas en casos de pensión alimenticia en México?
Las partes involucradas en casos de pensión alimenticia en México pueden acceder a recursos de apoyo, como servicios de asesoramiento legal, mediación, clínicas legales, y orientación proporcionados por instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Además, pueden buscar información en línea, asistir a talleres informativos y consultar a abogados especializados en derecho familiar. Estos recursos pueden ayudar a las partes a comprender mejor el proceso legal y a resolver disputas de manera efectiva.
¿Cómo se maneja la venta de bienes muebles en remates de instituciones gubernamentales en México?
La venta de bienes muebles en remates de instituciones gubernamentales en México se realiza de acuerdo con procedimientos transparentes, y el producto se destina a fines públicos o a la satisfacción de adeudos.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la vigilancia de contratistas sancionados en México?
La sociedad civil desempeña un papel importante al denunciar irregularidades y presionar por la rendición de cuentas en casos de contratistas sancionados en México. Su participación contribuye a mantener la integridad en los contratos gubernamentales.
¿Cuál es el plazo para la prescripción de acciones en un contrato de venta en México?
El plazo de prescripción en un contrato de venta en México suele ser de 10 años a partir de la fecha en que se pudo ejercer la acción. Sin embargo, este plazo puede variar según el tipo de contrato.
¿Qué sucede si un deudor alimentario en México no paga la pensión alimenticia?
Cuando un deudor alimentario en México no paga la pensión alimenticia, el beneficiario puede presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Esto puede resultar en acciones legales, como la ejecución de embargos y multas, con el objetivo de hacer cumplir la obligación de pago.
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