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¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes muebles en remate en México?
Los contratos de venta de bienes muebles en remate en México deben cumplir con regulaciones de remates públicos y subastas, y deben ser transparentes y respetar los derechos de los participantes.
¿Qué sucede si el arrendador incumple con la devolución del depósito de garantía en México?
Si el arrendador no devuelve el depósito de garantía sin una justificación válida, el arrendatario puede iniciar acciones legales para recuperarlo. En algunos casos, las leyes locales establecen plazos y procedimientos específicos para la devolución del depósito.
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento en empresas mexicanas y cómo funcionan?
Los comités de cumplimiento en empresas mexicanas son responsables de supervisar y orientar el cumplimiento normativo. Funcionan reuniendo a diversos miembros de la organización para discutir, evaluar y tomar decisiones sobre temas de cumplimiento.
¿Cómo se garantiza que las sanciones a contratistas sean proporcionales a la gravedad de las infracciones en México?
La proporcionalidad de las sanciones a contratistas en México se garantiza al considerar factores como la magnitud de la infracción, el impacto económico y social, la reiteración de las conductas y la cooperación del contratista en el proceso de sanción.
¿Cuál es la diferencia entre la CURP y el RFC?
La CURP es un código único de identificación personal que se utiliza en una variedad de trámites y servicios en México, mientras que el RFC es un número de identificación fiscal utilizado para cuestiones tributarias. Aunque ambos pueden estar relacionados, tienen propósitos diferentes.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar una orden de protección en caso de amenazas o acoso?
Sí, una persona con antecedentes penales en México puede solicitar una orden de protección en caso de amenazas o acoso. Las órdenes de protección son órdenes judiciales que buscan proteger a las personas que se sienten amenazadas o acosadas. La elegibilidad se basa en la evidencia de amenazas o acoso, no en los antecedentes penales de la persona solicitante. Las órdenes de protección pueden incluir restricciones contra la persona acosadora y proporcionar medidas de seguridad para la persona solicitante.
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