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¿Cuál es el impacto de la colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales?
La colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales es esencial para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Esto implica compartir información y cumplir con estándares internacionales para asegurar la cooperación en la lucha contra actividades ilícitas.
¿Qué derechos y obligaciones tiene el deudor alimentario en México?
El deudor alimentario en México tiene la obligación legal de proporcionar apoyo financiero a los beneficiarios, generalmente hijos o cónyuges, de acuerdo con la orden de alimentos emitida por el tribunal. Esta obligación incluye pagar la cantidad especificada puntualmente y garantizar el bienestar de los beneficiarios. Los derechos del deudor incluyen la oportunidad de presentar pruebas y argumentos en el tribunal en caso de disputas sobre la pensión alimenticia y la posibilidad de solicitar modificaciones si cambian las circunstancias económicas.
¿Cómo se manejan las relaciones comerciales entre PEP en México y empresas en las que tienen participación o interés?
Las relaciones comerciales entre PEP y empresas en las que tienen participación suelen estar sujetas a medidas de debida diligencia adicionales para prevenir conflictos de interés y el lavado de dinero.
¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en México?
Las sanciones por lavado de activos en México incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas económicas. También pueden conllevar la confiscación de los bienes objeto del lavado.
¿Cómo se regula la publicidad engañosa en contratos de venta en México?
La publicidad engañosa está regulada en México por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe la publicidad falsa o engañosa y establece sanciones por incumplimiento.
¿Cómo se asegura la integridad de los expedientes judiciales en México?
La integridad de los expedientes judiciales en México se asegura a través de medidas de seguridad, como la custodia por parte de funcionarios judiciales, el control de acceso, la autenticación de documentos y la prevención de daños o pérdidas. Estas medidas protegen la información y garantizan su confiabilidad.
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