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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y de formación en la capacitación de profesionales en AML en México?
Las instituciones educativas y de formación juegan un papel fundamental en la capacitación de profesionales en AML en México. Ofrecen programas y cursos especializados en la prevención del lavado de dinero, lo que garantiza que haya expertos en el campo y que las instituciones estén debidamente preparadas para cumplir con las regulaciones AML.
¿Cómo se abordan los delitos de violencia intrafamiliar en México?
Los delitos de violencia intrafamiliar se enfrentan a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece medidas de prevención y protección para las víctimas. Además, se promueve la denuncia y el apoyo psicológico.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir y combatir el robo a transeúntes en México?
El robo a transeúntes se combate a través de la presencia policial en áreas urbanas, campañas de prevención, y la promoción de la denuncia ciudadana.
¿Cómo se regula el uso de dinero electrónico en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.
¿Cuál es el plazo máximo para un contrato de arrendamiento en México?
El plazo máximo para un contrato de arrendamiento en México varía según el tipo de propiedad y la regulación local. Por lo general, los contratos residenciales suelen tener un plazo máximo de un año, aunque pueden ser más largos para propiedades comerciales o industriales.
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