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¿Cómo se regula la actividad de los intermediarios financieros no bancarios en México para prevenir el lavado de dinero?
Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la educación superior y las instituciones académicas en México?
En el sector de la educación superior y las instituciones académicas, se promueve la identificación de estudiantes y la supervisión de transacciones financieras para prevenir el uso de estas instituciones en el lavado de activos.
¿Cuál es el proceso de recuperación de activos relacionados con casos de lavado en México y cómo se destinan estos recursos recuperados?
El proceso de recuperación de activos implica la confiscación de bienes relacionados con el lavado. Los recursos recuperados se destinan a programas de prevención del delito y al fortalecimiento de la lucha contra el lavado y otros delitos financieros.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la regulación de PEP en México?
La cooperación internacional es crucial para rastrear activos y transacciones financieras que involucran a PEP, ya que muchos de ellos pueden tener cuentas en el extranjero o estar involucrados en actividades transfronterizas.
¿Puede un extranjero obtener una Cédula de Identificación Fiscal en México?
Sí, un extranjero que realice actividades económicas en México puede obtener una Cédula de Identificación Fiscal registrándose ante el SAT.
¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México?
El proceso de embargo en casos de deudas con la COFEPRIS en México implica la notificación de la deuda sanitaria, la determinación del monto adeudado, la solicitud de embargo ante la autoridad correspondiente, la ejecución del embargo y, en última instancia, la subasta de bienes si es necesario para cubrir la deuda. Los procedimientos específicos pueden variar en cada caso.
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