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¿Puede el arrendador solicitar referencias o comprobantes de ingresos al arrendatario en México?
Sí, el arrendador puede solicitar referencias o comprobantes de ingresos al arrendatario como parte del proceso de selección. Esto ayuda al arrendador a evaluar la capacidad del arrendatario para cumplir con sus obligaciones financieras bajo el contrato de arrendamiento.
¿Cómo pueden las PEP en México demostrar la legalidad de sus activos y transacciones de manera efectiva?
Las PEP pueden mantener registros financieros precisos, cooperar plenamente con las autoridades y buscar asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué ocurre si el arrendador no cumple con las reparaciones necesarias en la propiedad en México?
Si el arrendador no cumple con las reparaciones necesarias en la propiedad, el arrendatario puede notificar al arrendador por escrito para que realice las reparaciones en un plazo razonable. Si el arrendador no actúa, el arrendatario podría solicitar la intervención de una autoridad competente o retener el pago de renta hasta que se realicen las reparaciones.
¿Cuáles son las implicaciones de la Ley de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el cumplimiento en México?
Estas leyes mexicanas promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público y privado. Las empresas deben cumplir con sus disposiciones para evitar sanciones y promover prácticas éticas.
¿Cómo se maneja la verificación de identidad para clientes extranjeros en México?
La verificación de identidad para clientes extranjeros en México implica la presentación de documentos de identificación válidos de su país de origen, así como la verificación de su situación migratoria en el país. Las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de KYC aplicables a los clientes extranjeros.
¿Cuál es el proceso de venta de bienes confiscados por la autoridad judicial en México?
La venta de bienes confiscados por la autoridad judicial en México se realiza a través de subastas judiciales, supervisadas por un actuario judicial, y el producto se destina a la satisfacción de sentencias judiciales.
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