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¿Cuáles son las opciones de recurso para un deudor después de un embargo en México?
Después de un embargo en México, un deudor puede explorar opciones de recurso, como negociar un plan de pago, buscar la cancelación de la deuda a través de la vía legal si procede, o explorar la posibilidad de declarar quiebra o insolvencia, según la naturaleza de la deuda y su situación financiera.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes sujetos a medidas de control de precios en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de precios en México debe cumplir con regulaciones de precios y no exceder los límites establecidos por la autoridad correspondiente.
¿Qué es el "derecho de retención" en un contrato de arrendamiento en México?
El "derecho de retención" es el derecho del arrendador de retener los bienes muebles pertenecientes al arrendatario si este no paga la renta o cumple con sus obligaciones. El arrendador puede retener los bienes hasta que se cumplan los compromisos del contrato.
¿Cuál es el proceso de revisión y actualización de las regulaciones de PEP en México?
Las regulaciones de PEP se revisan y actualizan periódicamente para abordar los cambios en el panorama político y financiero, así como para mantenerse alineadas con los estándares internacionales.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de la tecnología financiera (fintech) en México?
El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.
¿Cuáles son los costos asociados con la verificación de personal en México?
Los costos de la verificación de personal en México varían según el alcance y la complejidad de la verificación. Incluyen los honorarios de las empresas de verificación, los costos de pruebas de drogas, y los gastos administrativos asociados con la recopilación y protección de datos personales.
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